La Fórmula 1 tuvo un gran boom en España tras los dos títulos mundiales de su gran ídolo en el mundo del motor, Fernando Alonso. El impacto hizo que algunos buscaran hacer algunos movimientos extraños, los cuales iban dirigidos, por lo que algunos suponen, en favor del deporte y la afición. Pero la realidad a día de hoy es que del trazado valenciano, el antiguo Gran Premio de Europa, no quedan más que las sombras de cuatro fines de semana de gloria. Desde 2008 a 2012 la Fórmula 1 desembarcó en la ciudad valenciana para disputar la que era la segunda cita española del calendario. Pero en el trasfondo de todo esto y fuera del ámbito deportivo, algunas cosas no eran lo que parecían. Hace cerca de cuatro años, la Fiscalía Anticorrupción inició un proceso para investigar las negociaciones de la organización del evento deportivo mediante la empresa de Valmor Sports SL.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha archivado provisionalmente la causa contra Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, en relación a la organización de los Grandes Premios. En declaraciones para la agencia EFE, las fuentes han confirmado que terminan con este proceso por inexitencia de irresponsabilidad o delito del que fuera presidente. Finalmente, el Juzgado sostiene que lo investigado no hace posible el mantener la acusación por prevaricación y malversación. Aunque lo que sí demuestra la investigación es que Camps medió en el cobro de comisiones en favor de la empresa Valmor Sports SL o el pago del IVA mediante fondos públicos. Aunque hay numerosos informes sobre dicha información, no existen las garantías suficientes por las que se pueda mantener la acusación.
El auto sobre la investigación a Francisco Camps
"En atención a las diligencias practicadas en estas actuaciones, considerando que no procede la realización de nuevas indagaciones y estimando que no existen indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho, procede decretar el sobreseimiento provisional del presente proceso".
"La actividad instructora desarrollada no permite llegar a tal conclusión toda vez que los informes emitidos por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías, esa conclusión".